Código de aguas y derechos de agua… la pérdida de un derecho social

En la siguiente columna se exponen algunos aspectos de la grave situación del Río Copiapó en torno a las aguas y su sistema de propiedad. Un tema que en medio de las demandas sociales del estallido en que se ha envuelto la sociedad chilena, vuelven a salir a flote. Mientras se piden cambios, hay también un importante espacio para la reflexión y la presentación de argumentos para recuperar el agua. 

Por Paloma Lazo Paredes, Andrea Opaz Vicencio y Luciano Travella Barrios

El Río Copiapó estuvo más de una década seco. La situación cambió drásticamente para el Río Copiapó y la comunidad copiapina debido a los eventos aluvionales del 2015 y 2017, los que permitieron reactivar durante un tiempo el caudal natural del río, el modelo de gestionar nuestras fuentes hídricas no ha cambiado sustancialmente y hoy volvemos a ver un escaso e intermitente flujo de agua. ç

Flujo que ya no es suficiente para sustentar la vida de las pocas especies que han logrado sobrevivir: camarones de río, peces, plantas, patos, sapos, etc.

La preocupación e incertidumbre por la sequía del río están latentes en Copiapó y, más aún, cuando la comunidad científica y noticiarios nos han alertado sobre la desertificación que está viviendo nuestro país y, asimismo, sobre las consecuencias negativas del cambio climático.

Entonces, resulta fundamental hacer un llamado a tomar conciencia y acción, tanto a cada persona como a las autoridades, ya que es una responsabilidad ineludible el hacernos cargo de la crisis hídrica que afecta a nuestra región en general.

Teniendo en cuenta esto, vemos con gran desazón las propuestas de indicaciones sustitutivas al Código de Aguas que comentó el ministro Fontaine en diversos medios de comunicación, además de la falta de impulsión política a generar un cambio sustancioso y pertinente, fundamentado en la ya existente información científica y orientado a proteger el medio ambiente al que tenemos derecho.

Las indicaciones que actualmente el Congreso Nacional debe decidir si son pertinentes en la reforma, carecen de una visión sostenible a futuro y contradicen el paradigma planteado por la comunidad internacional, que ha declarado el acceso al agua como un derecho humano desde el año 2010.

En específico, los puntos que abordaremos de los indicados por el ministro de obras públicas son los siguientes: la duración indefinida de los derechos de aprovechamiento de aguas en manos de sus titulares, el aumento de la patente por no uso de los derechos de aprovechamiento y la modificación de la forma en que se otorgan por parte de la DGA.

En primer lugar, la duración indefinida de los derechos de aprovechamiento de aguas o, popularmente, la “perpetuidad de los derechos”, no es ninguna innovación. En el derecho chileno, ya son entregados de manera permanente, porque ni la DGA ni otro organismo de la administración del Estado pueden poner término a su aprovechamiento, salvo conforme a las reglas que rigen a cualquier clase de bien.

Asimismo, los titulares de estos derechos para mantener su dominio, cuando no usan las aguas, pueden pagar una patente por no uso, evitando que caduque su derecho. Dicha patente, además, no es lo suficientemente gravosa como para lograr evitar que una persona mantenga con fines especulativos dichas prerrogativas en su patrimonio.

Respecto de este punto, se ha dicho que el objetivo de entregar los derechos sin un plazo determinado es incentivar la inversión a largo plazo, ofreciendo de esta forma una mayor certeza jurídica a sus posibles adquirentes. Pero ¿podemos tener la certeza de que en cinco o cincuenta años más habrá agua suficiente para el consumo humano y las actividades productivas con el ritmo de explotación actual?

Es evidente que esta medida no tiene en cuenta las proyecciones sobre la disponibilidad de agua en un contexto de cambio climático inminente y, por lo tanto, carece precisamente de una visión a largo plazo, repitiendo el mismo patrón de sobre otorgamiento que es incongruente con la priorización del consumo humano e, incluso, con la realidad.

En segundo lugar, dentro de las modificaciones sustanciales se ha indicado el establecimiento de un aumento de la tasa de la patente por no uso, que se duplicaría cada cinco años, con el objetivo de evitar el acaparamiento por “razones especulativas” de derechos sobre las aguas. Esto es un expreso fortalecimiento a la lógica mercantil con que se administra el recurso hídrico en el país.

Ahora bien, ¿es realmente gravoso, por ejemplo, para una empresa minera de las dimensiones que existen en la región de Atacama, la duplicación de una patente hasta el punto de lograr disuadirla de mantenerlo en su dominio, más si consideramos que su valor en el mercado comenzará a alzarse conforme se haga más escasa?, y aún siendo así ¿realmente podemos esperar cinco años o quizás más para que se acabe la especulación y la gestión deficiente por parte de los particulares?

Finalmente, el ex ministro Fontaine, consultado acerca del proyecto, señaló la posibilidad de cambiar la forma en que se otorgan los nuevos derechos, indicando que será mediante licitación o remate. Esto se diferencia con la legislación vigente en que, por regla general, el otorgamiento es gratuito mientras no exista un oponente, situación en que se procede al remate.

Si bien otorgar derechos de esta forma robustecería el procedimiento en manera positiva, no deja de existir un grado de desconfianza respecto a cómo se llevan actualmente a cabo los procedimientos de licitación en la región y suspicacia en relación a si se van a utilizar criterios que propendan a la conservación y cuidado del agua.

Las propuestas que hemos mencionado se encuentran en manos del Senado. En síntesis, ellas siguen basándose en una lógica mercantil, amparadas también por la Constitución Política de 1980 ¿es esta realmente la opción que debemos tomar como país en materia de legislación de aguas?

Hacemos el urgente llamado, estando las reformas al Código de Aguas en tramitación, a recordar que es un deber de todas las personas el impulsar el cambio hacia una gestión sustentable de las aguas y nuestros territorios, que priorice el consumo humano, la conservación de la naturaleza y de sus ecosistemas, y que asegure al agua como un derecho humano intergeneracional: ¡por nuestras vidas y la de nuevas generaciones!

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