Los aspectos legales de las rebajas de condena a violadores de Derechos Humanos

Hace unas semanas la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió a seis ex agentes de la DINA y redujo la condena que pesaba sobre otros 11 criminales que cumplían condena en asesinatos y secuestros realizados sin juicios, ni garantías contra la población civil. Un acto que tiene varias implicancias jurídicas, las cuales el experto e integrante del Observatorio de Derechos Huanos de Copiapó Eduardo Rojas nos explica en el siguiente artículo. 

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Por Eduardo Rojas

La Corte de Apelaciones de Santiago (R. N 1734-2017)  tomó una decisión hace unas semanas respecto a una causa que investigaba las responsabilidades de varios agentes del Estado, en la comisión de delitos de lesa humanidad. 

En el contexto que nos encontramos actualmente, con una pandemia en las calles y hasta en nuestros hogares, las respuestas estatales van dirigidas a la protección de la vida y la salud de las personas y sus familias, la función principal de este, es la paz social y el bien común. Eso nos indica la lógica y los mandatos del Estado.

En este caso vemos la «Paz Social» como un valor. Es en ese sentido que la resolución fallada en la causa Rol Corte 2182-1998, por Ilustres Ministros Sres. Mera, López y el abogado Integrante Sr. Lepín, pareciese a primera vista apuntar hacia otro punto, lejos de la Paz Social.

Este acto que nos lleva a un punto muy distante de la paz social, en la práctica lo que busca es amparar la impunidad o negar el dolor en las familias de las víctimas de violaciones a DDHH.

Es por ello que les invito a realizar un análisis de esta sentencia, para lo cual es necesario señalar primero, o tratar de explicar cómo se tramitan estas causas:

Tiempo y contexto del proceso judicial

En primer lugar: los hechos investigados fueron en los años 70, cuando el sistema procesal penal actual no existía, sino que la investigación penal quedaba en manos de un Juez del Crimen o en un ministro en visita que es un tribunal especial de excepción, a diferencia del actual Ministerio Público (Fiscalía) que actúa por mandato constitucional para investigar los delitos.

La segunda cuestión aclaratoria, ¿existe prescripción en la responsabilidad en los delitos que vulneran DD.HH?; allí hay que distinguir cual responsabilidad es la que prescribe y cual no De un delito o de un crimen, nacen dos responsabilidades: una es la responsabilidad penal y otra es la civil.

En el caso que comentamos (la de los ex dina absueltos), la sentencia se hace cargo de ambas. Por tanto no prescribe la acción penal para perseguir delitos ni para compensarlos. Pero aplica el transcurso del tiempo entre que ocurre el hecho y que se investiga judicialmente como una medida para determinar la pena o calcularla.

Delitos a los Derechos Humanos, crímenes en cualquier circunstancia ¹ 

Volvamos a la cuestion ¿Pueden prescribir las violaciones a los derechos humanos? La responsabilidad penal de este tipo de delitos a nivel internacional, ha seguido la sentencia de decir claramente que no se prescriben los crímenes en contra de la humanidad. En consecuencia, pueden ser investigados, procesados y sancionados en cualquier momento.

Sin embargo, nuestros tribunales han tenido una interpretación particular para esta cuestión, entendiendo dos valores, uno la especial connotación de estos delitos por el contexto que fueron perpetrados y otra la certeza jurídica, tomando la postura de conceder medias prescripciones de pena a los condenados, viendo atenuados los años de privación de libertad. Mientras que al otro extremo, está la responsabilidad civil derivada de un delito, que significa esto en simple, que no es más que la obligación de indemnizar a la víctima y a sus familias por el mal sufrido.

Los delitos investigados y sancionados por el sr. Ministro en visita fueron los de homicidio calificado y secuestro calificado con una serie de víctimas, de las cuales en la resolución de la Corte de Santiago, a algunos se les absolvió y a otros se les redujo la pena impuesta, procediendo a recalificar algunos hechos a homicidio simple, absolviendo a ocho personas, y se les redujo la condena a otras nueve, quedando finalmente condenados a penas de tres años y un día en su mayoría.

Eduardo Canteros Prado fue detenido en 1976 en La Florida y traslado a Villagrimaldi. Allí le torturaron. De ese lugar se le perdió el rastro y sus restos se encontraron recién en los ochenta en una fosa común ubicada en terrenos de un ex fundo del ejército.

En este último  punto, la resolución señala las razones para el cálculo de penas atendidas, de manera resumida: la Corte suprime el elemento alevosía como calificante para el caso concreto del homicidio de Eduardo Canteros Prado, entendiendo que nuestro Código Penal, señala que se actúa alevosamente, en dos hipótesis: haber obrado a traición o sobre seguro. A juicio de los Ministros, el juez inferior que resolvió no explicitó las razones que lo llevaron a acreditar esta calificante, pero aun así señala por que a juicio de este tribunal superior, no se dan para el caso concreto.

En este caso describen primero como la doctrina entiende este concepto, rechazando para el caso concreto el obrar a traición no está acreditado, y en segundo término enuncian que el actuar sobre seguro, es una situación subjetiva de los autores del injusto penal, que en este caso, no es sostenible, ya que las condiciones de la circunstancias del golpe de Estado, y que ellos no buscaron; le otorgan la situación de superioridad. En consecuencia, es una condición del medio, más que existir acciones por parte de los condenados para estar en superioridad sobre la víctima, el resultado del actuar sobre seguro.

Textualmente la resolución señala: “Razonar en contrario equivale a concluir que todo homicidio cometido por los funcionarios de la administración a partir del 11 de septiembre de 1973, por el solo hecho de ser miembro de los organismos armados del Estado, es alevoso, idea que lleva al reprochable derecho penal de autor, vale decir, juzgaría a los autores por su condición de militares en un régimen político autoritario y no por sus actos….”. En el mismo orden de ideas, el tribunal señala que la situación de indefensión del sr. Canteros Prado, no fue buscada, ni provocada por los agentes investigados en la causa. Por tanto, los homicidios son finalmente simples con una pena de presidio mayor en su grado medio o cinco años y un día a diez años de presidio.

En cuanto a las absoluciones, estas son aplicables a encartados que tienen una participación como cómplices en los dieciséis secuestros calificados y un homicidio calificado, que siendo funcionarios de la Dina, y el tribunal no lo pone en duda; pero que señala que a la luz a de los antecedentes vistos en la causa, los procesados no tuvieron participación en la detención ni en la privación de libertad de las personas desaparecidas.

Enunciando que los querellantes, no deben solamente acreditar que los procesados son ex funcionarios de

Pedro Octavio Espinoza Bravo fue director del centro de torturas Villa Grimaldi y formó parte de la Caravana de la Muerte, la cual también realizó asesinatos en Atacama. Foto: EcuRed.

la Dina al momento de la ocurrencia, sino que además debe probarse que tuvieron participación mediante las reglas del Código de Procedimiento Penal, que se encontraba vigente en los años 70. No importando el cargo que tenían en la Dina, como Pedro Espinoza Bravo como director de Villa Grimaldi, sino su actuar personal, y las probanzas deben dar cuenta en forma precisa de esto; para evitar las presunciones de responsabilidad por ejercer ciertos cargos, tanto para autores como de cómplices.

La condena emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago

Después de explicar las absoluciones y rebajas de condenas en parte a calificación de homicidio calificado a simple, la resolución desarrolla  la prescripción penal, entendiéndola en dos sentidos; primero la prescripción de la acción penal, esto es la imposibilidad de perseguir y condenar a ciertas personas, que no pudieron ser halladas en lapso de tiempo; y en segundo sentido una prescripción que se ha asemeja solamente al transcurso del tiempo pero como medio de atenuar la pena o sea bajar los años de condena.

Al inicio de este análisis señalaba, que de todo delito nace una obligación de reparar a la víctima pecuniariamente por el mal causado o pagar una cierta suma de dinero, la resolución también razona en parte a este punto, ya que en el mismo procedimiento penal, los querellantes representantes de las victimas demandaron civilmente al Estado de Chile, por la responsabilidad que le compete, competentemente el ilustrísimo tribunal resuelve, declarando que existe una obligación estatal de reparar, pero con cierta preferencia dentro las familias de las víctimas, y que también las reglas de la prescripción extintiva solo plenamente aplicables para el caso en que el Estado está obligado civilmente.

Por esto, el ilustrísimo resuelve modificando las sumas y en un segundo termino incluso niega sumas a las familias de las víctimas. Debido que frente a una resolución de absolución de responsabilidad penal también se extingue la responsabilidad civil consecuentemente, ya que la fuente misma es la ocurrencia de un delito.

Otorgamiento de beneficios a condenados por violaciones a DDHH

Las sanciones impuestas a nivel Internacional por la Corte Penal Internacional, han mantenido el criterio, que pareciera más un estándar internacional, que el cumplimiento de las penas privativas de libertad debe ser efectiva, cumpliendo en un Centro penitenciario la totalidad de la condena, no pudiendo ser sustituidas o cumplidas de otra forma la extensión de la misma. Solo se permite reducir u otorgar beneficios para cumplimiento alternativo de las condenas cuando existe un transcurso importante de la condena, que según el Art. 110 del Estatuto de Roma, que en el examen de reducción de la pena, debe ser de 2/3 de la pena impuesta o 25 años en caso de cadena perpetua. Además de los elementos señalados en el punto cuatro del mismo artículo. Primero, una colaboración sustancial del condenado para el esclarecimiento de los hechos, o reparación efectiva a las víctimas, u otro antecedente de prueba o procedimental que modifique su participación en los hechos calificados como delitos. Ejemplos de estos razonamientos han sido las condenas a Lubanga, congolés que armo a jóvenes y niños en guerrillas en la República democrática del Congo

A nivel nacional, el otorgamiento de las libertades condicionales a cualquier persona condenada y cumpliendo de manera efectiva una pena, es evaluada por la comisión de libertad Condicional según la normativa actual y vigente. Teniendo en consideración, especialmente el tipo de delito, el tiempo de pena cumplida, y un informe favorable del condenado. Es muy importante señalar que ni el Decreto ley, ni el reglamento hace mención a delitos de lesa humanidad. Solamente señala que para la generalidad de los delitos, se puede optar a esta forma de cumplimiento teniendo la mitad de la pena cumplida, y en algunos casos como delitos de homicidio calificado, violación entre otros, solamente podrán optar cuando tengan dos tercios de la pena cumplida.

En circunstancias anteriores, esta comisión ha rechazado las solicitudes de los condenados por delitos de lesa humanidad, por insuficiente conciencia del delito y del daño causado

Responsabilidad Internacional del Estado Chileno

La Corte Interamericana ha condenado acerca de controversias entre particulares y el Estado de Chile, en las cuales al analizarlas las sentencias, se pueden entender varios principios que fueron tomados en consideración en las sentencias. El acceso a la justicia de las víctimas o sus familias, la reparación efectiva, la limitación a la impunidad y el derecho a la verdad. En el acápite de impunidad, la Corte ha desarrollado los puntos respecto al otrogamiento de penas sustitutivas

Inclusive la Corte Interamericana de DDHH, realizó un comunicado dirigido en agosto de 2018, respecto de los beneficios sobre cumplimiento de condena, instando al Estado chileno, a no otorgarlos a condenados por violaciones a DDHH; dicho comunicado fue a raíz de una sentencia de la sala penal de la Corte Suprema otorgando beneficios de cumplimiento alternativo de condenas o en otras resoluciones de libertades condicionales

Finalmente es muy importante señalar, que la causa judicial que es razón de esta exposición, no se encuentra finalizada o en términos jurídicos no es cosa Juzgada, debido a que existen recursos que pueden ser impetrados por los intervinientes en el procedimiento penal, como lo es el recurso de Casación en la forma y fondo, o de manera indirecta el recurso de queja contra los Ministros que integraron la sala. Todavía quedan posibilidades de que la sentencia cambie por parte de la Corte Suprema.

1.- Te recomendamos ver en netflix el capítulo de «En Pocas Palabras» [Explained] dedicado a la piratería, donde se aplica este concepto de universalidad de delitos contra la humanidad en la piratería y en el criminal nazi Adolf Eichman.

 

 

 

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