Una constitución paritaria, la necesidad del reconocimiento de la mujer en la carta magna

Nuestra colaboradora Elena Orrego nos comparte reflexiones sobre el reconocimiento actual de la constitución chilena hacia la mujer. Nos dice sobre la carta magna del 80 que la mujer: <<no participó y tampoco se consideró la existencia misma de mujeres, como entidades diferenciadas de un sujeto hipotético hombre>>.

Por Elena Orrego / Título original: De una Igualdad jurídica de la Mujer a una Constitución Paritaria.

El Estado de Chile se configura por medio de la Constitución Política de la República vigente, la cual sustenta sus bases en 1980 en plena dictadura militar del país. Este cuerpo normativo aunque ha experimentado modificaciones, tiene plena vigencia en la actualidad, desprendiéndose que el poder constituyente originario operó con plena eficacia y eficiencia en esa oportunidad, desde ese momento, solo ha actuado el poder constituyente derivado, adecuándose a lo estableciendo en cuanto al procedimiento para realizar modificaciones que el mismo cuerpo normativo habría establecido. Precisamente aquello es lo que actualmente han entrado en crisis en nuestro país, como lo evidencia las manifestaciones sociales a partir de Octubre del año 2019.

Analizando esta carta magna que configura las bases de nuestro Estado actual, es que me enfocaré, en las modificaciones al poder constituyente de 1980, introducidas por la ley N° 19.611 del año 1990 por medio de un artículo único que modifica dos capítulos de nuestra constitución, a saber: el de las bases de la institucionalidad y el capítulo de derechos y deberes constitucionales.

La ley

Revisando la historia de la ley N° 19.611, encontramos que fue iniciativa por mensaje, en la cual se señala como fundamento, lo siguiente: “En presente proyecto de reforma constitucional, se introduce la igualdad jurídica del hombre y la mujer como un valor superior del ordenamiento jurídico, un principio de tal ordenamiento, y una garantía material del derecho de igualdad ante la ley”, proponiendo: Una reforma constitucional en el Capítulo 1 “Bases de la institucionalidad” intercalando en el inciso primero del artículo 1°, entre las palabras “hombres” y “nacen”, las palabras “y mujeres”, como la modificación en el capítulo III De los derechos y deberes constitucionales, sustituyéndose el N°2° del artículo 19, lo siguiente: “2° La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. El hombre y la mujer son igual ante la ley.”

Como fundamento de esta ley de reforma constitucional, se gesta en la coherente reflexión de que el antiguo artículo primero dispone:  “Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Ciertamente, el término “hombres”, suponía  que comprendía ambos géneros y por consiguiente se refiere a los hombres y a las mujeres, lógica recogida del principio consagrado en el artículo 25 del Código Civil, el que dispone: “Las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes que en su sentido general se aplican a individuos de la especie humana, sin distinción de sexo, se entenderá comprender ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo”, normativa vigente hasta la actualidad.

No obstante, el término “hombres” empleado en dicho artículo primero reforzaba estereotipos y prácticas discriminatorias entre hombres y mujeres, destacando el protagonismo de los hombres y ocultando el de las mujeres, perpetuando en la norma suprema de nuestro Estado de Derecho, una visión androcéntrica del mismo, ya que el lenguaje no es una creación arbitraria de la mente humana, sino un producto social e histórico que influye en nuestra percepción de la realidad. Al trasmitir socialmente al ser humano las experiencias acumuladas de generaciones anteriores, el lenguaje condiciona el pensamiento y determina la visión del mundo.  Transmitiendo prejuicio sexistas sobre las mujeres y este a su vez  se vuelve un el reflejo del papel social atribuido a éstas durante generaciones pasadas e imponiéndolas a generaciones futuras. De manera que, mantener la redacción tal y como estaba, previa la dictación de ésta ley, se volvía contradictorio con el papel de la mujeres que sea ido revindicando desde principios de nuestro siglo, particularmente en la últimas décadas, manteniendo por medio del lenguaje -no cualquiera sino el de la Carta fundamental- mensajes que refuerzan un papel tradicional de la mujer relacionado con el sexo y no con sus capacidades y aptitudes intrínsecas a todos ser humano y en este caso humana. Por otro lado, la tendencia del Derecho Constitucional Comparado nos demuestra que la igualdad constitucional en general, y la igualdad jurídica del hombre y la mujer, constituyen en la actualidad un importante acervo de la cultura jurídica occidental contemporánea, en cuanto a valores superiores de los ordenamientos, principios y derechos fundamentales. Evidencia de lo anterior, es el literal a) artículo 2° de la Convención Sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que impone el deber de consagrar a nivel constitucional el principio de igualdad entre hombres y mujeres. De esta manera, la igualdad ante la ley, y de la mujer en específico, debe considerarse como pilar basal en un Estado de Derecho.

Por otro lado, la entrada en vigencia para el Estado de Chile, el 11 de noviembre de 1998, de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer “Belem Do Para”, es un ejemplo más de la tendencia del Sistema Internacional de Derechos Humanos, en razón a consagrar una igualdad jurídica y material entre hombres y mujeres, ya que dicho cuerpo normativo internacional desde su preámbulo, dispone: “Preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de la relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”.

Derecho: Mujeres ≠ Hombres

Sin embargo, estas normativas internacionales, que visibilizan a la mujer como sujeta de especial protección para el Estado de Chile, que busca el traspaso de la concepción normativa que se había impuesto a las mujeres como objeto de tutela por parte del Estado a ser sujeta plena de Derechos, se configuraron como una herramienta jurídica abrupta de la modernidad, en específico de los Estado moderno, no haciéndose cargo de las múltiples formas de desigualdades estructurales entre hombres y mujeres en nuestro país, que se encontraban validadas en las bases de la institucionalidad de la configuración del Estado, que desde sus bases directa e indirectamente invisibiliza la existencia de la mujer y/o propende una construcción jurídica de una feminidad subvalorada a determinados roles de manera rígida. Esta concepción existió desde el fundamento de la vida en sociedad del pueblo chileno y se institucionalizó con la Constitución Política de República del 1980 y recién en el 1990 se modifica la redacción del principio de igualdad jurídica en Chile, sin establecer o hacerse cargo del hecho mismo de la invisibilización previa de la mujer desde la epistemología en general y del marco normativo en particular.

A mi juicio, para subsanar las desigualdades, en primer lugar, se debe replantear la valides de la normas superior del Estado de Chile –la Constitución Política de la República-, que a la base, se establece en un periodo de un gobierno de facto, como lo fue la dictadura militar, replantándose la forma en que el poder constituyente actúo desde su valides primitiva hasta la forma que éste adoptó, es decir, que nuestra Constitución sea un programa Político.

De lo anterior, el no replantemos la constitución misma de nuestro Estado -Constitución Política de la República de Chile-, todas las modificaciones inclusivas en temáticas de relevar a la mujer como sujeta plena de derechos igual que los hombres, carecerán de materialidad. Resultando a lo menos ingenuo creer que el solo efecto simbólico del Derechos al establecer o visibilizar a la igualdad jurídica de la mujer es suficiente, sin establecer formas, procedimientos, reconocimiento de Derechos en cuanto a autonomías de manera armónica en todo el ordenamientos jurídico y que estos incidan en planes y programas en la política pública del gobierno de turno.

Una nueva constitución

En este orden de ideas y en atención a la crisis de la institucionalidad que experimenta el Estado de Chile, el cual pudiese derivar en un proceso constituyente, debe abarcar la igualdad jurídica de la mujer  y a la vez hacerse cargo de la larga historia patriarcal de la humanidad que se ha reflejado y continúa perpetuándose en el marco jurídico Chileno. Cuestionando las bases de la Democracia de nuestro país, institucionalizada con la dictación de la actual Constitución Política de la República de Chile del 1980, reconociendo que en este proceso ya carente de legitimidad, no participó y tampoco se consideró la existencia misma de mujeres, como entidades diferenciadas de un “sujeto hipotético hombre” quien se configura generalmente como único ente de participación en las dinámicas relacionales que reglamenta el marco jurídico actual. 

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