El convenio entre el Servicio Nacional de Menores (Sename), firmado por su directora Susana Tonda, y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) ha sido rechazado por amplios sectores sociales, expertos e incluso por otras instituciones del Estado. En la práctica se estarán generando estadísticas a partir de la población más vulnerable: niñas, niños y adolescentes que han visto violentados sus derechos o infractores, que se exponen a perpetuar su extigmatización. La jurista Elena Orrego nos detalla esta acción que «desde una visión estatal (…) no solo es un acto inconstitucional, sino que atenta con la institucionalidad del estado de Derecho.
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